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SE QUERELLAN POR IMPEDIR OPERATIVO DE ORGANIZACIÓN MEDICINA SIN FRONTERAS

Una querella criminal por el delito de prevaricación contra los funcionarios públicos que impidieron que atendieran los profesionales integrantes de la organización Medicina sin Fronteras en la ciudad de Puerto Natales, ingresó a trámite ayer ante el Juzgado de Letras y Garantías de esa ciudad.

La acción penal fue presentada a título personal por el abogado Juan José Arcos, quien en su escrito indica que los hechos se suscitaron el fin de semana pasado cuando los funcionarios de la oficina en Ultima Esperanza de la secretaría regional ministerial de Salud impidieron que atendiera en la ciudad la mencionada organización que había llegado con una delegación integrada por 10 médicos chilenos – venezolanos.

El profesional añadió que a los médicos se le imposibilitó trabajar pese a que la provincia cuenta con un reducido número de médicos especialistas. “Por lo que -argumentó el abogado- se dan los requisitos objetivos que ha requerido mediante sendos dictámenes Contraloría, para permitir el trabajo de especialistas extranjeros sin Eunacom”.

Luego agregó que “la actuación de la seremi de Salud, agrava el problema de decenas de familias que llevan meses esperando una hora de atención en el sistema público y vulnera una serie de disposiciones legales”.

Calificó lo ocurrido como un abuso contra una organización mundialmente conocida de ayuda humanitaria.

En el escrito pide que los antecedentes sean remitidos a la Fiscalía de Natales. Que, además, se cite a declarar al querellante sobre los hechos materia de la investigación; que se ordene investigar a la PDI y que se indague “los vínculos entre las autoridades de Salud y las autoridades del Colegio Médico, poniendo énfasis en conversaciones telefónicas, o comunicaciones que no estén registradas bajo la Ley del Lobby”. Sobre este punto agregó que “a la autoridad de Salud pareciere que se le olvida que debe estar al servicio de la comunidad y no al servicio del Colegio Médico. Ellos no están para defender intereses gremiales”.

El abogado concluyó afirmando que claramente la actuación de la autoridad le ha parecido un exceso, lo que debe ser determinado por la justicia a través de la querella presentada.

 

La comisión del delito de prevaricación se comete cuando un “empleado público arbitrariamente: prohibiere un trabajo o industria que no se oponga a la ley, a las buenas costumbres, seguridad y salubridad públicas”.